Por: Felipe Echeverría Martínez
En un Estado Social de Derechos el intervencionismo del Estado es una práctica común, sobre todo cuando se trata de regular el control del poder del mercado para cubrir necesidades que el mercado no cubre o para regularlo e impedir el abuso de los operadores económicos.
Una de las formas de intervención es la creación de empresas públicas las cuales están creadas en su mayoría para dotar a la población de servicios que el mercado no nos puede dotar o que los presta a precios muy elevados, sin embargo en nuestra realidad esta intervención lo único que nos ha garantizado es tener el acceso a este tipo de servicios a costos más accesibles, siendo este el escenario más clásico donde se van desarrollando y fortaleciendo los monopolios estatales los cuales se ven apoyados por privilegios que les otorga la ley .
Ahora bien, al parecer los casos de monopolios estatales parecen ser convenientes al interés general puesto que dotan a la población de servicios que pocos están interesados en proporcionar, sin embargo el Estado tiene la posibilidad de participar en el mercado en cualquier otra rama de negocios y actividades en la cuales participa la empresa privada, pudiendo establecer monopolios para ofrecer los mismos bienes y servicios, iniciativa que si bien es cierto podría ser loable, ya que de alguna forma hace que los bienes y productos que oferta el Estado por intermedio de sus empresas sean más accesibles a la sociedad, también podrían constituir un obstáculo para el desarrollo de la empresa privada, puesto que la participación del Estado puede incidir en la determinación de los precios del mercado, ya que éste no persigue un ánimo de lucro, mientras que la empresa privada, en todo su derecho, si carga el valor de su utilidad en el precio final el producto, siendo este el punto de partida donde nos empezamos a cuestionar que tan conveniente resulta el establecimiento de monopolios por parte del Estado.
El monopolio en su sentido más amplio otorga poder casi absoluto al agente económico que lo posee, dándole la capacidad discrecional de manejar el mercado relevante a su antojo, donde normalmente prevalece el interés particular antes que el interés común. En este contexto, el establecimiento de monopolios por parte del Estado suena peligroso, por la excesiva cantidad de poder que tiene para intervenir en el mercado a su antojo más aún cuando estos monopolios le son entregados por la fuerza de la Ley, pues esto limitaría la participación de los privados y evitaría que exista una legítima competencia que entregue a los usuarios finales mejores bienes y servicios.
De lo dicho se puede inferir que el establecimiento de monopolios estatales es conveniente para el interés general siempre que estos cubran necesidades que el mercado no puede cubrir o presten servicios a costos más accesibles, y siempre que no limiten la posibilidad de que la empresa privada pueda participar activamente y sin obstáculos en el mercado. Por otro lado, es importante señalar que en otros sectores que están cubiertos por el mercado, el Estado también puede participar, sin embargo, resultaría inconcebible que pueda establecer monopolios ya que se estaría atentando contra el derecho a ejercer la libre empresa, y con ello al desarrollo socioeconómico del sector que fuere afectado.
Referencias:
Bypass Cumbayá - Tumbaco.
Urbanización Santa Lucía Alta, Edificio Mont Sinaí, oficinas 301 - 302 - 303.
Quito - Ecuador.
