La reserva de información en Ecuador: ocultamiento de datos personales

Por: Helen Jácome

En Ecuador, instituciones como el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado cuentan con plataformas tecnológicas que garantizan la publicidad de las actuaciones judiciales y penales, entre ellas el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) con el que se puede consultar la gestión de causas en todas las materias y la Consulta de denuncias a través el módulo de información Noticias de Delito, ambos sistemas facilitan el acceso ciudadano a la información de los procesos o denuncias mediante datos como nombres completos o número de cédula, sin necesidad de conocer el número específico de la causa. En este sentido se ha generado un debate permanente entre el derecho a acceder a la información pública reconocido en el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador con la necesidad de salvaguardar datos personales. 

Si bien en determinados procesos resulta obligatorio reservar u ocultar datos personales, como en los casos de víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar o cuando están involucrados menores de edad, también es posible el ocultamiento de datos a petición de la persona interesada en casos en los que se haya emitido resolución de archivo; sobreseimiento; conciliación cumplida y aceptada; extinción del ejercicio de la acción penal; prescripción; sentencia condenatoria cumplida; o ratificación del estado de inocencia.

En el ámbito judicial y penal, en virtud de la Resolución 043-2024 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se expidió el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos Personales en los procesos judiciales. Este cuerpo normativo surge con el propósito de salvaguardar derechos fundamentales como el honor, el buen nombre y la protección de la información personal, así como prevenir actos de discriminación derivados de antecedentes judiciales de los ciudadanos. El reglamento está dirigido a los servidores administrativos y jurisdiccionales responsables de operar los módulos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), otorgándoles lineamientos claros para proceder con la modificación, corrección u ocultamiento de datos personales que consten en los expedientes bajo su conocimiento.

La reserva de datos busca garantizar derechos constitucionales, entre los que destacan:

  • Intimidad personal y familiar (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 66.20).
  • Interés superior de niños, niñas y adolescentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 44).

Para solicitar el ocultamiento de datos en procesos judiciales registrados en el SATJE, es necesario presentar una petición debidamente fundamentada, a fin de que el juez competente disponga su reserva. En el ámbito de la Fiscalía General del Estado, el procedimiento exige llenar un formulario, acompañado de la motivación adecuada, e ingresarlo hasta obtener la notificación favorable que autorice el ocultamiento.

El ocultamiento de datos en Ecuador es un mecanismo jurídico destinado para regular la publicidad de las actuaciones judiciales ya que de manera obligatoria en casos sensibles como delitos sexuales, violencia intrafamiliar y procesos que involucran a menores de edad son ocultos, mientras que en procesos concluidos mediante archivo, sobreseimiento, conciliación, prescripción o cumplimiento de sentencia procede únicamente a solicitud expresa y debidamente motiva por la persona interesada, asegurando así que la publicidad judicial no se convierta en un factor de vulneración de la dignidad ni de la seguridad de los ciudadanos.

Referencias

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. (2021). Registro Oficial 459.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2004). Registro Oficial 337.

Reglamento para el Tratamiento de Datos Personales dentro de Procesos Judiciales. (2024). Registro Oficial 3er. S. 517.

Instructivo para el ocultamiento de datos personales registrados en las noticias del delito o actos administrativos publicados en el módulo de consulta externa del sistema integrado de actualizaciones fiscales – SIAF. (2024). Registro oficial 575.

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